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El ejercicio de la docencia en Panamá está respaldado por un marco legal que establece claramente los deberes y derechos del educador, garantizando su dignidad profesional y su papel esencial en la formación de la sociedad. Según la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y el Decreto 100 de 1957, el docente no solo es un transmisor de conocimientos, sino también un agente de cambio ético, cultural y social.
Conocer estos deberes y derechos permite al docente
ejercer su labor con seguridad jurídica, compromiso ético y responsabilidad
social, promoviendo una educación de calidad, inclusiva y equitativa. A la vez,
fortalece la convivencia escolar, el respeto mutuo entre actores educativos y
el desarrollo profesional del maestro como columna vertebral del sistema
educativo nacional.
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